El gobierno publicó en el Boletín Oficial varios documentos reservados firmados por Arturo Frondizi, Juan Domingo Perón, Isabel Perón y el dictador Jorge Rafael Videla, entre otros. La medida tuvo lugar gracias a que en noviembre pasado se dejó sin efecto el carácter secreto de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo, permitiendo el acceso a la documentación que en su momento fue ocultada por razones de seguridad y que está vinculada a la defensa nacional y la guerra de Malvinas. En este marco es que se dieron a conocer los nombres de militantes populares, dirigentes políticos, gremialistas, estudiantes, profesionales y empresarios que fueron arrestados el 24 de marzo de 1976.Desde hace unos días se vienen publicando en el Boletín Oficial documentos reservados firmados por los ex presidentes Arturo Frondizi, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, y los dictadores Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, según pudo constatarPágina Judicial.
La mayoría de los decretos reservados y secretos se refieren a cuestiones de defensa o de seguridad nacional. Así, por ejemplo, constan decretos que fijan la fecha de incorporación de la clase 1953 y 1954, respectivamente, al servicio militar obligatorio, cuyo contenido era secreto para preservar el dato de la cantidad de tropa que se destinaría a cada arma, por tratarse de información referida a la defensa nacional. Otros muestran autorizaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento para las fuerzas armadas o medidas de reorganización de la estructura del Ministerio de Defensa.
Pero a partir de 1975 se suceden decretos relacionados con la “lucha contra la subversión”. El Decreto S 261, del 5 de febrero, da cuenta de que “el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” y agrega que las fuerzas policiales quedarán “a disposición y bajo control operacional del Comando General del Ejército”. El documento tiene la firma de la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Y después del golpe de Estado, e inclusive antes, se suceden decretos con listas de personas a detener a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lo ocurrido en Entre Ríos tras la designación de Juan Carlos Trimarco como interventor militar quedó comprendido en algunos de ellos.
Una gran cantidad de militantes populares, dirigentes políticos, gremialistas, estudiantes, profesionales y empresarios fueron arrestados, al igual que las autoridades provinciales y los integrantes del Comando Paraná, el grupo de choque ideado desde el gobierno para contrarrestar el avance de la izquierda peronista.
En total, 103 personas fueron detenidas el 24 de marzo y alojadas en unidades militares: el gobernador Enrique Tomás Cresto; el vicegobernador Dardo Pablo Blanc; el intendente de Paraná, Juan Carlos Esparza; algunos integrantes del Comando Paraná (Luis Lenzi, Juan Carlos Torales, José Argentino Acevedo, Eduardo Gitano Romero, Carlos Igarza y el ex policía Carlos Balla); los militantes Jorge Alberto Obeid, Alicia Dasso, Walter Grand, Solidario Romero; profesionales como Julio Héctor Meirama, Santiago Reggiardo, Carlos Alberto Federik; el empresario Gualberto Garamendy; el periodista Juan José Durantini; el dirigente sindical Luis Ponti; el docente universitario Juan Vilar, entre otros.
La mayoría de los nombres fueron publicados el 3 de abril en algunos medios de la provincia, pero recién el 9 de abril se emitieron los Decretos S 59 y S 60, firmados por el dictador Videla, en los que se justifica las detenciones por considerar que “constituye una primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior y preservar los permanentes intereses de la República” (sic) y se advierte que quienes figuran en los decretos “deberán permanecer en el lugar de detención que al efecto se determine”.
Algunos fueron sometidos a consejos de guerra y recibieron condenas de muchos años de prisión, por lo que permanecieron detenidos durante toda la dictadura, deambularon por distintas cárceles del país y padecieron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Otros fueron liberados al cabo de semanas, meses o algunos años. No hay desaparecidos entre quienes integran estas nóminas.
Análisis Digital
