La policía del país ibérico disolvió por la fuerza a unos dos mil manifestantes que se habían congregado frente al Congreso de Diputados. Indignados, se habían convocado para reclamar la renuncia del presidente del gobierno.



La policía española disolvió por la fuerza a unos dos mil manifestantes que se habían congregado frente al Congreso de los Diputados español, convocados por indignados que reclamaban la renuncia del gobierno del presidente Mariano Rajoy.

Con disparos al aire de balas de fogueo, cientos de agentes antidisturbios avanzaron sobre los manifestantes que llevaban más de dos horas realizando una protesta pacífica frente a la Cámara baja, y quienes respondieron arrojando botellas y palos en su huida en desbandada.

“Ustedes tienen trabajo, nosotros no”, coreaban los ciudadanos allí concentrados dirigiéndose a la policía el mismo día en que España recibió la noticia de que el desempleo escaló en el último trimestre hasta los 6,2 millones de personas, el 27% de la población activa.

La protesta tuvo lugar en un momento en el que la tensión social está creciendo en respuesta a las medidas neoliberales y antisociales del Ejecutivo de Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), que mañana tiene previsto aprobar nuevos recortes.

“Vergüenza” o “Asesinos a sueldo, abuso de poder”, eran algunas de las consignas lanzadas a los agentes en medio de los incidentes y mientras los participantes de la protesta eran perseguidos por las calles de Madrid.

Como en anteriores ocasiones, la policía avanzó en grupo y persiguió a los manifestantes forzándolos a desplazarse varias cuadras, por el Paseo del Prado hasta la Estación de trenes de Atocha y hacia otros puntos del centro de la capital.

Los manifestantes que intentaban llegar desde Cibeles a la Plaza del Sol por la calle Alcalá se enfrentaron con piedras contra la policía y los intentaba contener ya entrada la noche.

“Violencia es no llegar a fin de mes” y “libertad de expresión”, gritaba un centenar de personas que después de la represión se volvió a concentrar cerca del Congreso, donde se produjeron forcejeos con la policía que intentaba efectuar arrestos entre gritos de “libertad” y “el pueblo unido, jamás será vencido”.

Las autoridades habían desplegado un fuerte operativo policial integrado por unos 1.400 agentes antidisturbios para “blindar” la Cámara Baja, que no celebró sesiones plenarias para restar impacto a la protesta y evitar incidentes.

Los manifestantes, quienes inicialmente era un centenar y que fueron aumentando hasta llegar a cerca de dos mil personas antes de la represión, se concentraron en la Plaza Neptuno en torno a una valla de seguridad colocada a unos 200 metros del Parlamento.

“Somos ciudadanos, no terroristas” coreaban los manifestantes, que acudieron a la convocatoria de la plataforma “En Pie”, un grupo vinculado al movimiento de los indignados o 15-M.

“Sin pan ¿qué paz?”, “Así no” o “gobierno dimisión” se podía leer en las pancartas que portaban los manifestantes, entre ellos trabajadores desocupados, algunos ancianos y jóvenes estudiantes y de grupos anticapitalistas.

“Ninguno de los dos tenemos trabajo, vivimos con una ayuda de 400 euros, y no estamos en la calle porque tenemos suerte de tener aún una vivienda”, explicaba un español de mediana edad que acudió a la protesta junto a su esposa e hijo de dos años.

En plena protesta, que se desarrollaba de forma pacífica, se podían ver banderas republicanas y se corearon los cánticos que hicieron populares los indignados españoles como “Que no, que no, que no nos representan” o “A-anti-anticapitalista”.

“Vosotros, fascistas, sois los terroristas” o “menos policía y más educación” cantaban los manifestantes delante de los agentes de seguridad.

Algunas plataformas se desmarcaron de esta concentración, que fue promovida principalmente por la Coordinadora 25-S, la misma que convocó la primera protesta que llamaba a rodear el Congreso en septiembre del año pasado y que terminó con enfrentamientos y varios detenidos y heridos.

El Ejecutivo del PP de Rajoy intentó criminalizar la protesta identificándola con “grupos de la izquierda más radical y anti sistema” y advirtió que la concentración era ilegal porque no había sido convocada y que la policía actuaría para hacer cumplir la ley.

“La violencia contra el Congreso es una agresión a la soberanía popular”, dijo el presidente de la Cámara, Jesús Posadas.

El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, fue más lejos y ante la convocatoria llamó a los partidos políticos a que defiendan “cada escaño”, porque eso supone “defender a los españoles y a la democracia”.
La mayoría de los diputados pidieron a los manifestantes a actuar de forma pacífica.

En tanto, horas antes de la manifestación se produjo un ciberataque a la página web del Congreso, que se vio bloqueada cuando miles de computadoras intentaron conectarse se forma simultánea para colapsar el servidor.

Además, la policía efectuó 15 arrestos relacionados con la convocatoria, 11 de ellos en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Complutense donde un grupo de estudiantes fue acusado de coaccionar a las autoridades del centro y de portar material incendiario, palos y cadenas.