“Entre Ríos es una tierra libre de esclavitud sexual y es una responsabilidad de todos mantener a raya este flagelo cruel que desafía al estado de derecho y al atributo más preciado del ser humano que es la libertad”, dijo el gobernador Sergio Urribarri al dar a conocer que en menos de dos meses se clausuraron todos los prostíbulos en Entre Ríos. A partir de ahora se realizará un fuerte control preventivo y habrá sanciones para quienes intenten explotar encubiertamente este tipo de establecimientos.
“Dije en mi anterior mensaje ante la Asamblea Legislativa que me proponía erradicar definitivamente inmundicia de la trata de personas de estas tierras. Hoy con orgullo y emoción anuncio que esta semana nuestra Policía de Entre ríos –que en esto ha tenido una acción impecable- acaba de cerrar los últimos prostíbulos que funcionaban en Entre Ríos”, afirmó el mandatario ayer ante los legisladores al dejar inaugurado un nuevo período de sesiones.
“Quiero agradecer la determinante posición y acción de nuestros intendentes, y a todos aquellos que cooperaron para que esto que fue un anuncio un año atrás no haya quedado en el vacío”, expresó el gobernador entrerriano.
La clausura de la totalidad de los prostíbulos que funcionaban en la provincia por parte de la Policía de Entre Ríos se logró tras la promulgación de la ley número 10.186, que prohíbe la instalación de establecimientos para la explotación sexual en todo el territorio. Los últimos procedimientos se realizaron este fin de semana largo, cinco en Gualeguay y tres en Diamante, con intervención de efectivos policiales y agentes municipales.
La herramienta jurídica
“Somos pioneros en las acciones de combate a la trata de personas. En 2008, por disposición del gobernador Sergio Urribarri, creamos una división especial en la Policía de Entre Ríos y hoy contamos con una herramienta jurídica, que es la ley 10.186, que posibilita la erradicación de este delito y el rescate de las mujeres víctimas", expresó por su parte el ministro de Gobierno, Adan Bahl.
"El cierre de estos locales en todo el ámbito provincial pone un freno a la explotación organizada, a lo que debe sumarse una fuerte concientización para que se entiendan que quien paga por sexo, están esclavizando a una persona”, acotó.
El funcionario señaló luego que la decisión política del Gobernador en este sentido se vincula "con este presente de dignidad y de cumplimiento de derechos que se ha forjado desde 2003 y que en Entre Ríos tiene una expresión clara".
Antes de la sanción de la norma, otros cierres fueron llevados a cabo por parte de algunos municipios a través de ordenanzas que prohíben la habilitación de prostíbulos en los ejidos municipales, muchas veces encubiertos bajo la figura de bares, wisquerías u otro tipo de comercios.
Al momento de la sanción de la ley 10.186, el 20 de diciembre, existían en la provincia 57 prostibulos. A la fecha todos fueron cerrados gracias a la acción conjunta del Ministerio de Gobierno y Justicia, de los municipios y de la División Trata de Personas de la Policía.
En cada operativo, además de notificar formalmente a los responsables de los lugares, se informó a las mujeres en situación de trata sobre los pasos a seguir y los organismos a los cuales dirigirse para recibir asesoramiento y ayuda para el ejercicio de sus derechos.
Ahora, se inicia una etapa en la que se llevará a cabo una tarea de control periódico para evitar reaperturas o el surgimiento de nuevos locales de ese tipo.
La clausura de la totalidad de los prostíbulos que funcionaban en la provincia por parte de la Policía de Entre Ríos se logró tras la promulgación de la ley número 10.186, que prohíbe la instalación de establecimientos para la explotación sexual en todo el territorio. Los últimos procedimientos se realizaron este fin de semana largo, cinco en Gualeguay y tres en Diamante, con intervención de efectivos policiales y agentes municipales.
La herramienta jurídica
“Somos pioneros en las acciones de combate a la trata de personas. En 2008, por disposición del gobernador Sergio Urribarri, creamos una división especial en la Policía de Entre Ríos y hoy contamos con una herramienta jurídica, que es la ley 10.186, que posibilita la erradicación de este delito y el rescate de las mujeres víctimas", expresó por su parte el ministro de Gobierno, Adan Bahl.
"El cierre de estos locales en todo el ámbito provincial pone un freno a la explotación organizada, a lo que debe sumarse una fuerte concientización para que se entiendan que quien paga por sexo, están esclavizando a una persona”, acotó.
El funcionario señaló luego que la decisión política del Gobernador en este sentido se vincula "con este presente de dignidad y de cumplimiento de derechos que se ha forjado desde 2003 y que en Entre Ríos tiene una expresión clara".
Antes de la sanción de la norma, otros cierres fueron llevados a cabo por parte de algunos municipios a través de ordenanzas que prohíben la habilitación de prostíbulos en los ejidos municipales, muchas veces encubiertos bajo la figura de bares, wisquerías u otro tipo de comercios.
Al momento de la sanción de la ley 10.186, el 20 de diciembre, existían en la provincia 57 prostibulos. A la fecha todos fueron cerrados gracias a la acción conjunta del Ministerio de Gobierno y Justicia, de los municipios y de la División Trata de Personas de la Policía.
En cada operativo, además de notificar formalmente a los responsables de los lugares, se informó a las mujeres en situación de trata sobre los pasos a seguir y los organismos a los cuales dirigirse para recibir asesoramiento y ayuda para el ejercicio de sus derechos.
Ahora, se inicia una etapa en la que se llevará a cabo una tarea de control periódico para evitar reaperturas o el surgimiento de nuevos locales de ese tipo.
