Mientras avanza el verano y Entre Ríos se potencia como uno de los destinos turísticos más elegidos del país, trascendieron detalles de un proyecto gubernamental que busca dar una solución definitiva a una de las deudas sociales más importantes: la falta de vivienda digna para el sector más vulnerable que además no tiene acceso a otros planes habitacionales.
El Ejecutivo enviará un proyecto de ley a la Legislatura en los próximos días para formalizar un proyecto sobre el cual el propio gobernador viene trabajando junto a sus principales funcionarios. El programa, de alto impacto social, buscará concretar la construcción de 6000 viviendas sociales en los tres años que le restan de mandato a Urribarri. El objetivo es erradicar los asentamientos más precarios que existen en las principales ciudades de la provincia (se adjuntan planos en PDF de los asentamientos relevados en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay).
“Acceder a una vivienda digna es la base de realización de una familia, lo dijimos cuando iniciamos el segundo período de gobierno, y hoy tenemos el mismo compromiso del primer día. Y hay tres años por delante para redoblar el trabajo. Esa es nuestra responsabilidad y de todo el equipo de gobierno”, le manifestó el mandatario al equipo de trabajo.
Urribarri sostiene que es posible resolver alrededor de 2000 soluciones habitacionales por año de manera de cerrar su segunda gestión sin villas de emergencia, al menos en las principales ciudades de la provincia. La existencia aún de viviendas precarias (ranchos o casillas), en los principales centros poblados acompaña situaciones de hacinamiento, falta de servicios básicos (agua, energía, saneamiento), y configura condiciones para otras problemáticas que desvelan al gobernador, la violencia familiar.
“Llevamos 9 años desde que Néstor inició la reconstrucción nacional y no podemos resignarnos a que haya familias sin dignidad en nuestra provincia”, suele insistir el mandatario para estimular a su gobierno frente a los obstáculos que presenta asumir esta problemática, heredada de la aplicación de políticas neoliberales en los 90 y de la desidia de aquel Estado.
“Acceder a una vivienda digna es la base de realización de una familia, lo dijimos cuando iniciamos el segundo período de gobierno, y hoy tenemos el mismo compromiso del primer día. Y hay tres años por delante para redoblar el trabajo. Esa es nuestra responsabilidad y de todo el equipo de gobierno”, le manifestó el mandatario al equipo de trabajo.
Urribarri sostiene que es posible resolver alrededor de 2000 soluciones habitacionales por año de manera de cerrar su segunda gestión sin villas de emergencia, al menos en las principales ciudades de la provincia. La existencia aún de viviendas precarias (ranchos o casillas), en los principales centros poblados acompaña situaciones de hacinamiento, falta de servicios básicos (agua, energía, saneamiento), y configura condiciones para otras problemáticas que desvelan al gobernador, la violencia familiar.
“Llevamos 9 años desde que Néstor inició la reconstrucción nacional y no podemos resignarnos a que haya familias sin dignidad en nuestra provincia”, suele insistir el mandatario para estimular a su gobierno frente a los obstáculos que presenta asumir esta problemática, heredada de la aplicación de políticas neoliberales en los 90 y de la desidia de aquel Estado.
