En cambio, las personas o empresas que se acojan a la medida quedarán eximidas del pago de todos los impuestos y de las sanciones penales derivadas de las irregularidades. Tendrán tres meses para declarar las divisas tras la sanción de la ley.

La repatriación voluntaria de capitales es uno de los objetivos de las medidas anunciadas ayer por el gobierno nacional. No obstante, la medida margina a aquellos que están imputados por la Justicia o recibieron alguna querella de la AFIP o el Banco Central. En el caso del blanqueo admitido se trata de dinero en divisas no declarado ante las autoridades fiscales y que puede estar radicado en el país o en el exterior. Tanto el bono para inversiones en energía como el certificado para inversiones inmobiliarias son los instrumentos con los que las autoridades buscan "anclar" los dólares repatriados. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, tituló a este procedimiento como "exteriorización voluntaria" de moneda extranjera. En ese sentido, las características centrales del blanqueo son que elimina toda sanción penal para quien lo ejecute, que no tiene costo impositivo y que no deben rectificar sus declaraciones juradas ante la AFIP.