La sucesión de presentaciones judiciales del Grupo Clarín viene generando intriga, sorpresa y hasta indignación (por la denuncia penal a periodistas) en algunos casos. El 21 de noviembre, el Grupo que encabezan Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto se presentó ante la Corte con un argumento inédito –se consideró víctima de "indefensión y privación de justicia"– para solicitar la extensión de la medida cautelar que lo favorece (el máximo tribunal, en un revés muy fuerte para el Grupo, rechazó el pedido y lo consideró "inadmisible"). El 22 de noviembre, un día después de recurrir a la Corte, Clarín presentó una denuncia penal por incitación a la violencia y coacción agravada contra periodistas (a los que trató como "propaladores del mensaje"), funcionarios y legisladores ante la justicia federal. Los acusó de ser los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio del Grupo Clarín y sus directivos" y pidió la cárcel para ellos. La condena generalizada que despertó la denuncia contra periodistas –Roberto Caballero, Sandra Russo y el relator de fútbol Javier Vicente– dejó espacio luego al interrogante sobre por qué Clarín estaba dando esos pasos, que una primera lectura podría considerar atolondrados y poco serios.

¿Cuál es la estrategia jurídica de Magnetto y del enorme estudio jurídico que lo asesora, con el penalista Hugo Wortman Jofré, ex socio de Luis Moreno Ocampo, como cara visible y presunto estratega? La respuesta que circula entre los abogados especializados en comunicación, como también entre los investigadores que siguen de cerca el litigio por la aplicación de la ley, tiene una explicación concreta. Según esa lectura, los abogados de Clarín están intentando forzar una asimilación entre la situación que debe asumir el Grupo, con el panorama que atravesó la empresa venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007, al vencerse la concesión que le había otorgado el Estado para explotar el canal VHF 2 de TV abierta.