En un contexto de película, la Argentina dio un nuevo paso en su objetivo de terminar con el acecho de los fondos buitre sobre la economía nacional. Entre los argumentos orales que presentó en la Cámara de Apelaciones de Nueva York volvió a advertir que si se viera obligada a pagar el 100% del valor de los títulos entraría en un default y por eso no puede seguir voluntariamente una orden en ese sentido. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, destacó en diálogo con Tiempo Argentino –y el resto de los medios que estuvieron presentes en los Estados Unidos– que las exposiciones del Bank of New York y de los bonistas que entraron a los canjes significaron un sostén para el planteo oficial, mientras que en la vereda de NML sólo se vieron repeticiones de lo ya planteado en los escritos previos.
"Se discutieron en profundidad la cuestión del tratamiento igualitario, la fórmula de pago y la imposibilidad de ir en un camino distinto de lo que las normas de Argentina prevén", explicó Lorenzino, que subrayó además que la decisión que tomen los magistrados debe ser una que se pueda cumplir. En otro caso, como ya planean en el gobierno nacional (ver nota en página 3), se recurriría a la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Además de Lorenzino, presenciaron la audiencia el vicepresidente, Amado Boudou; el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino; y la embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón. Fue un evento que generó un gran interés entre abogados, estudiantes y economistas estadounidenses, que desde temprano buscaron tener un lugar en el edificio que la Cámara tiene en Foley Square. Trabajadores de prensa de agencias internacionales sostuvieron que ni siquiera con el caso del francés Dominique Strauss-Kahn se vio una reacción que mostrara colas de espera de cinco horas antes de una audiencia.
"No quiero que este caso se termine, fue simplemente divertido", le comentaba un profesor universitario de origen indio y acento británico a un grupo de chicos notablemente más jóvenes que esperaban con él cuando los magistrados entraron a la sala. Poco más de 50 personas (sobre todo las partes y sus asesores) lograron sentarse cara a cara con los jueces, ubicados en el piso 17. El resto debió dirigirse hasta el primer piso , donde había una pantalla con sistema de sonido para unas 150 personas.
Los magistrados tuvieron tres actitudes muy marcadas. Barrington Parker se mostró callado, con poca intervención; Rosemary Pooler tuvo gestos casi comprensivos con las partes que se oponen a los fondos buitre; y Reena Raggi, "la de corte más liberal", según se escuchó en los pasillos de los tribunales, evidenció animosidad contra la Argentina.
Cuando Jonathan Blackman , del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, dio a conocer las posiciones del país –fue el primero en exponer– Raggi no tuvo problemas en dejar en claro su mirada crítica hacia todo lo que decía. "¿Y cómo sabemos que la propuesta de pagar en línea con el canje es real?", disparó la magistrada mientras Blackman hablaba, a lo que él respondió que, como ya se había dicho en los anteriores documentos elevados por el país, el Ejecutivo mandaría un proyecto de ley al Congreso para poner fin al efecto de la Ley Cerrojo y así abrir una nueva etapa de reestructuración. El abogado de NML, Ted Olson, quiso descartar esta posibilidad por declaraciones de la presidenta Cristina Fernández que Pooler desestimó al plantear que "muchas veces los políticos dicen cosas y después hacen otras". La intervención generó risas en el auditorio.
Otro eje central de la audiencia fue el papel del Bank of New York (BoNY), tanto los jueces como el abogado de los fondos buitre apuntaron a una violación de la ley por su supuesta función como "agente" argentino. "Si esta corte decidiera que Argentina no puede pagar a los bonistas que entraron al canje a menos que también se les pague a los bonistas originales, y ustedes cursaran los pagos de todas formas, estarían yendo en contra de una orden", acusó Raggi. James Martin, del BoNY, rechazó esta observación y aseguró que no pueden romper el contrato que establece un compromiso del banco con los bonistas que poseen títulos reestructurados.
Desde el Exchange Bondholders Group, el abogado David Boise estuvo titubeante y debió recurrir a sus asesores en más de una ocasión, pero dejó en claro su defensa tanto del BoNY como del comportamiento del país en los últimos años con los pagos periódicos en tiempo y forma que realizó a sus representados. Un integrante del fondo Gramercy, cabeza del EBG, le dijo a este diario a la salida de la audiencia que le había impactado que la Argentina asegurara que entraría a un default si la obligaban a pagar. Esto demuestra la preocupación del EBG: no pueden permitir que los fondos buitre se salgan con la suya porque eso significaría terminar con los pagos que ellos reciben sin problemas.
Si se reabriera un canje, los bonistas con títulos reestructurados ya garantizaron que participarían con la parte de su deuda que no aún no canjearon. Así, la iniciativa ya tiene un aval de U$S 500 millones.
La jueza Raggi se mostró con poca inclinación a aceptar este camino al hablar de "dos contratos que, si hay igualdad, deberían ser cumplidos al mismo tiempo", casi echándole la culpa a los que entraron al canje de haber tenido la voluntad de aceptar un recorte tras la explosión de la economía nacional, en 2001-2002.
Cabe recordar que paralelamente a este proceso, la Argentina tiene pendiente la revisión "en banc", con los 13 jueces de la Cámara. Esto podría cambiar el rumbo de las cosas, sobre todo por el apoyo del gobierno de EE UU para avanzar en ese sentido. «
