El gobierno nacional acusó el golpe y salió en bloque a rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura (ver páginas 2 y 3). "Desconoce la voluntad popular expresada en el Congreso. Los jueces, los abogados y los académicos seguirán eligiéndose entre sí, y por sí mismos, para acceder a un cargo de funcionario público", señaló el ministro de Justicia, Julio Alak.
El funcionario sostuvo que el pronunciamiento del máximo tribuno no es "una derrota" para el Ejecutivo, y replicó: "En el dilema sufragio universal o voto calificado, se optó por el voto calificado."
"Le tienen mucho miedo al voto popular", aseguró, por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien cargó contra el sector del Poder Judicial que resistió la reforma. Y calificó como una "afrenta al pueblo argentino" la decisión de la Corte. "Consideramos que los argumentos que se han esgrimido en contra de la democratización de la justicia son débiles no sólo desde el punto de vista técnico, sino que son absolutamente peligrosos desde el político porque lesionan los principios y valores fundamentales de la democracia", completó.
Aunque sin salir a decirlo a viva voz, para el Ejecutivo, el fallo de ayer marcó un punto de inflexión en la tensa relación con la Corte. Aunque aseguró el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucionales los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la Ley 26.855, fuentes oficiales ratificaron la intención de seguir manteniendo en agenda la discusión por transparentar la opacidad del Poder Judicial.
Para Alak, en su sentencia, la Corte "ha interpretado sólo el artículo 114 de la Constitución, sin tener en cuenta el espíritu republicano y democrático de la Carta Magna, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José de Costa Rica". "El Pueblo quiere votar, pero no podrá ejercer su derecho porque las corporaciones de jueces y abogados seguirán eligiendo a estos funcionarios públicos, en una intermediación que no respeta la soberanía popular", se lamentó el funcionario.
A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez advirtió que el fallo "le da la espalda a la soberanía del pueblo", y cuestionó que la decisión "ha hecho prevalecer los intereses sectoriales por sobre los del pueblo".
En tanto, la jefa del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, consideró que la sentencia representa "claramente una interferencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo" porque –agregó– el máximo tribunal resolvió "volver a una norma" que el Congreso había derogado.
Otro de los que opinó fue el senador Aníbal Fernández. Sostuvo que, con el pronunciamiento, "se resquebraja" la independencia de la Corte y que "negarle al pueblo la posibilidad de elegir a sus representantes es algo inimaginable". Lapidario, agregó que es "imposible evitar sentirse avergonzado por este fallo".
"Hoy, que está en juego la corporación, la Corte muestra lo peor, lo que no hubiéramos querido ver nunca. Los dos pedidos de per saltum donde estaba Clarín de por medio, fueron rechazados con rigorismos raquíticos", expresó Fernández.
Por su parte, para la diputada Diana Conti, "el fallo democrático que esperábamos no llegó". En tanto, el senador Daniel Filmus dijo ver "con asombro" que, a través del fallo de la Corte, "se prefiera que sean las corporaciones las que elijan a los representantes del Consejo y se prive al pueblo de decidir".
"El fallo de mayoría de la Corte contradice el artículo 33 de la Constitución, ya que ha hecho prevalecer los intereses sectoriales por sobre la soberanía popular, sustento de todo derecho explícito e implícito", insistió Domínguez. «
No irán a tribunales internacionales
Horas después de que la Corte diera a conocer su fallo en contra de la democratización del Consejo de la Magistratura, el gobierno nacional hizo trascender que descartaba la posibilidad de que, en representación del Estado nacional, vaya a acudir a tribunales internacionales en busca de una instancia judicial superadora para apelar, y revertir, la decisión de la Corte. Esta posición, claro está, no invalida la posibilidad de que alguna organización de la sociedad civil pudiera hacer una presentación por propia cuenta. Fuentes judiciales señalaron dos datos que llamaron la atención del fallo. No se hizo alusión al tramo de la norma que colisionaba con el artículo 114 de la Constitución: la facultad de administración del Consejo sobre los fondos del Poder Judicial que pasaban a la Corte. Y se convalida de hecho la actual composición del órgano, lo que también había sido objetado por inconstitucional en 2006.
